* 1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
* 2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
* 3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
* 4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
* 5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
* 6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
* 7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
* 8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
* 9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
* 10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Yo suscribo los puntos 2 y 4; estoy de acuerdo con la idea de otros a los que le sobra lirismo; y estoy en desacuerdo con los puntos 5, 6 y 9, por no ser competencia del usuario decretar la muerte de ningún modelo (aunque agonice) ni puede obligar a que las creaciones sean de "dominio público" per se. Este tipo de "contraataques" tienen el mismo tufillo totalitario que se pretende dictar desde el ministerio de Cultura.
Yo también suscribo mucho de lo dicho por el manifiesto, muy necesario, pero no entero: falta autocrítica y respeto a algunas cosas que pienso fundamentales. Por eso no lo he publicado en mi blog.
ResponderEliminarLo bueno es el debate que provoca.
Me alegro mi Señor Domenico que haga mención al Manifiesto en su Blog, y respeto como no podría ser de otra manera su suscripción a parte del mismo, como sus discrepancias.
ResponderEliminarEs básico que nuestros gobiernos asuman, que Internet no es solo un canal de intercambio o informativo y de entretenimiento, sino también un eje social de ebullición de pensamientos y debates, quizás el más importante y democrático que jamás ha existido en la historia, y sino no lo es ya, será el núcleo difusor e impulsor creativo en todas las disciplinas más importante de la humanidad.
Eso sí, limitado a un sector de la población, porque no todos tienen ni la competencia técnica ni los recursos para gestionar o participar en su uso, pero aunque no están todos los que son, si cuentan todos lo que estamos, a la espera del resto.
Crear olas manifestativas de debate y denuncia, frente a por ejemplo, leyes con falta de consenso y sesgo interesado hacia una de las partes, es una herramienta que los internautas tenemos en nuestra mano y tal vez el camino a promover otras acciones participativas en la vida social y política más allá de lo virtual.
Si tantos internautas nos hacemos eco del manifiesto, no es porque no sean algunos o todos sus puntos discutibles, yo pienso que si se apoya el manifiesto es debido a que el proyecto de ley del gobierno es necesariamente cuestionable y los ciudadanos implicados tenemos mucho que decir, el manifiesto por lo tanto es solo un altavoz. (Nuestro altavoz)
El corazón del debate se centra no en el presente, sino en el futuro y el futuro está siendo definido en el presente de la web a base de nuestras acciones cotidianas.
La llamada 'cultura' o los bienes culturales y los autores de esos bienes que desean vivir de su creación, están llamados al entendimiento con el resto de usuarios de sus bienes, pero lo que es más significativo con el resto de autores que piensan de forma diferente, malos creadores tendríamos si todo se viese desde un monolito de piedra o con dirección única.
Existen nuevos modelos de propiedad intelectual y estos nuevos modelos son posibles, sin que eso pase por la capitalización monetaria extrema en la que hoy vivimos.
En medio están las multinacionales del ocio y otras llamadas culturales, el sistema neoliberal y capitalista y como parte oscura de la misma moneda, la piratería comercial. Es decir, partes que son solo una, partes legales e ilegales de una común usura.
Al llamar usura al beneficio, no dejo de definir mi postura ideológica y esa es la base del enfrentamiento, más allá de cualquier otro punto significativo.
El debate durará décadas, pidamos por lo tanto la palabra, hoy a diferencia de antaño tenemos al menos el micrófono, ojalá el derecho.
Suyo, Z+-----
De acuerdo con Pedro y con gran parte de lo que dice el Señor de la Vega.
ResponderEliminarPor proponer algo, propondría que todas aquellas obras que gocen de subvenciones estatales (otorgada por cualquier ente estatal llámense TVE o Ministerio de Cultura, ya sea entrega de dinero en efectivo o alguna forma de domping) deben ser de libre acceso para los internautas de ese Estado, que, al fin y al cabo, pagan parte (o toda) esta producción "cultural" con sus impuestos. Esto incluye, desde luego, las pelis de Almodóvar.
Bueno, el problema de fondo es cómo cambiará el mundo cultural. Si estamos cambiando de paradigma -del disco al archivo sonoro digitalizado, del libro de papel al libro electrónico-, es evidente que cambiarán más cosas que el formato. Si antes se necesitaban 10 intermediarios, y con el nuevo entorno tecnológico sólo 3, sobran 7.
ResponderEliminarEncima las sociedades de gestión de derechos de autor tienen mala fama en nuestro país. Impusieron sus reglas de una forma poco explicada y con modos mafiosos, que, por otra parte, son los más eficaces en este tipo de entramados que tienen como fin cobrar un dinero.
Yo el manifiesto lo veo bien... si tenemos en cuenta en cómo se ha producido la amenaza de crear una "policía cultural", oculta en la letra pequeña. Lo que no entiendo es porqué unas personas se reúnen con el ministerio: no entiendo cómo se autonominan para representar a un colectivo tan vasto y heterogéneo como los internautas, ni entiendo cómo favorecen el juego de presentar a un gobierno dialogante cuando acaba de intentar modificar las reglas de juego a hurtadillas.
Por lo que dice Enrique Dans en su blog, es el quinto punto, colado de tapadillo, el que de hecho crea un Tribunal de la Inquisición formado por la SGAE y el Gobierno para que sin orden judicial las operadoras tengan que suministrar las IPs de los usuarios "cargantes". Ya pueden espiar nuestras conversaciones con el SITEL (aunque digan que es por orden judicial,sí, el juez da orden de que se espíe a un pez, pero la policía si tiene curiosidad u órdenes,de pez en pez tiene fichado a todo el acuario). Es el dilema de siempre, la protección de los derechos comerciales de un grupo no puede conducir a la vulneración de los derechos básicos de la totalidad.
ResponderEliminarBlog de Enrique Dans
Y también sobre el asunto en el El País